Por Carmen Contreras*
La pandemia nos ha puesto en varios dilemas para las personas que nos dedicamos a la transformación de las ciudades. Uno de ellos es la reactivación de la economía para el próximo año 2022 con responsabilidad social.
Este es el momento para pensar y diseñar mejores instrumentos de planeación urbana pensando en el futuro de la Ciudad de México. Aquí me refiero a la planeación como un proceso dinámico y flexible en diferentes escalas, con tensiones entre actores políticos y no solamente como decisiones técnicas al servicio de élites financieras respaldadas por las instituciones de gobierno.
Es cierto que nadie quiere pensar hoy en un proyecto detenido cuando este puede generar empleos, mejoras en el entorno y soluciones a algunos problemas de equipamiento urbano, sin embargo ¿cómo sabemos que fue diseñado pensando qué hacer ante sus posibles externalidades? Y la discusión se pone mejor cuando nos preguntamos ¿quién define los beneficios de un mega-proyecto como el del Conjunto Estadio Azteca?, ¿acaso se pueden separar los intereses privados del interés público?
En nuestro país el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura” de la CNDH (2014) señala que una de las características de los mega-proyectos es que “las dinámicas que los animan casi siempre son exógenas a las comunidades que afectan” y que pueden presentarse como “realidades técnicas” que sólo están al alcance de especialistas. Es por ello que promotores, desarrolladores y constructores de un mega-proyecto deben asumir públicamente lo que los Principios Ruggie* señalan:
• Un compromiso de respeto a los Derechos Humanos.
• Que disponen de medios y recursos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los efectos de lo que planean modificar en el territorio.
• Que cuentan con procesos para remediar toda consecuencia negativa en los Derechos Humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.
* Más información sobre los Principios Ruggie en:
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-son-principios-ruggie/?_adin=02021864894
Cada vez que tengo oportunidad de hablar de los mega-proyectos en la capital insisto en que la planeación de la Ciudad de México requiere un instrumento que sustituya a los estudios de impacto urbano, de movilidad y ambiental. Que sea factible en diversas escalas en todo proyecto de gran magnitud, además de un sistema de consulta con una definición clara del área de estudio en donde el concepto “equipamientos e infraestructura de cuidados” esté presente. En el caso del mega-proyecto en el Estadio Azteca ¿bajo qué criterio se decidió consultar a 17 colonias? ¿Cómo se garantiza la participación paritaria de mujeres y hombres en una consulta así?
Lo que ocurre en cualquier desarrollo y obra de la magnitud del Conjunto Estadio Azteca afecta de manera dinámica y progresiva a la movilidad, a la capacidad de la infraestructura hidráulica, a las migraciones, a la generación de empleos, a la dinámica del consumo, pero también a los procesos políticos que no deben verse como un tema de gestión de trámites, sino como parte de la configuración de equilibrios de poder. Por ello es necesario que esta visión panorámica de los impactos y procesos antes, durante y posteriores a la intervención y de las mitigaciones como producto de la concertación, se obtenga a través de un solo instrumento que es la Evaluación del Impacto Social. ¿Por qué?
• Porque brinda certidumbre legal, financiera y política antes, durante y después de cada obra pública o privada.
• Porque contribuye a planificar desde la perspectiva de la responsabilidad social y la rentabilidad.
• Porque mide, pondera y evalúa riesgos, tensiones, ventajas y oportunidades de cada proyecto para mejorar la calidad de vida en zonas focalizadas y previene el manejo discrecional de las inversiones para la mitigación o reparación.
• Porque también previene riesgos para las empresas, violaciones a los derechos de las y los ciudadanos y obstáculos para una actuación legal y eficiente por parte de actores públicos y privados.
• Porque distribuye las responsabilidades de cumplir compromisos y obligaciones legales entre actores públicos y privados que pueden ser monitoreadas por personas “no expertas” en un ejercicio de transparencia.
A la fecha no existe en la Ciudad de México una obligación jurídica para implementar algo tan “empoderante” para la ciudadanía como la Evaluación de Impacto Social. Tenemos el “Aviso por el que se da a conocer el proceso de Consulta Vecinal para grandes construcciones” (G.O.CDMX 27/12/2019), el cual considera a la Evaluación Social como una compilación de estadísticas y un procedimiento ambiguo de consulta que llega a hacerse por medios electrónicos sin definición de una muestra. Con este requisito burocrático se está dando luz verde al Conjunto Estadio Azteca.
Más información sobre el mega-proyecto “Conjunto Estadio Azteca”en https://conjuntoestadioazteca.com.mx/
Texto y fotografía: Carmen Contreras
*Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
La entrada Conjunto Estadio Azteca y la Evaluación Social se publicó primero en Centro Urbano .
Columnista invitado
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