Juventudes preparatorianas y el derecho a la ciudad

Por Fabiola Teresa Vargas Valencia*

Zona Metropolitana de Tijuana, Baja California, México

En el contexto global de pandemia por la Covid-19, se reflexiona acerca de las juventudes preparatorianas, sobre las oportunidades socioeconómicas y culturales que les ofrece la metrópoli de Tijuana, en la frontera norte de México con Estados Unidos. El artículo orienta a la observación en la distribución y gestión de los espacios públicos y de programas educativos dirigidos a este sector de la población, para esbozar tres dimensiones subscritas en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad: Ciudades libres de violencia, Derecho a la Educación y Derecho al trabajo. Concluye que el modelo económico neoliberal soslaya los procesos sociales y de poblamiento de las juventudes, generando condiciones de vida precarias, que van a  incidir en la configuración de la ciudad y de ciudadanía.

Palabras clave: Juventudes Preparatorianas, Derecho a la Ciudad y Violencia Urbana.

 

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el modelo económico neoliberal ha generado países cada vez más empobrecidos, con regímenes de exclusión que contribuyen a la depredación del medio ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización, la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Para contrarrestar estas tendencias, se construyó la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por los pueblos, los gobiernos locales y nacionales y los organismos internacionales (FSM, 2005). La Carta es producto de la articulación de un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales, comprometidas con las luchas sociales por lograr ciudades educativas, justas, democráticas, humanas y sustentables.

Desde el Foro Social Mundial en 2001 se formuló la defensa de que un modelo de vida urbano influye sobre la forma en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio. En este horizonte, el estudio de las juventudes y el Derecho a la Ciudad, contempla que las ciudades son expresiones de los grupos sociales que las habitan, las construyen y les dan sentido, a la vez que ellas los constituyen.

En enero 2005, en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, en una Revisión previa a Barcelona, septiembre 2005, se construyó la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, plantea que la ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado, que pertenece a todos sus habitantes, que el concepto de ciudad contiene dos acepciones:

“Por su carácter físico, la ciudad es toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano. Incluye tanto el espacio urbano como el entorno rural o semirural que forma parte de su territorio. Como espacio político, la ciudad es el conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gestión, como las autoridades gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, las instancias de participación social institucionalizada, los movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general”. (FSM, 2005)

En el contexto actual por la COVID-19, la crisis económica y de salud ahondan las brechas de desigualdad. En esta coyuntura las ciudades están lejos de ofrecer oportunidades equitativas a sus habitantes, es pertinente cuestionar el modelo económico neoliberal, que reproduce segregación y deterioro de la convivencia social. ¿Las políticas públicas, orientan la ciudad en un ambiente propicio para la convivencia y el desarrollo de las juventudes? ¿El modelo reconoce los procesos sociales y de poblamiento de las juventudes y gestiona su contribución en la construcción de ciudad y de ciudadanía?

El propósito de este artículo es revisar tres ejes de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, aquellos que para la segunda década del siglo XXI se esperaría que los países adscritos, entre ellos México, estarían brindando a sus juventudes: Ciudades libres de violencia, Derecho a la Educación y Derecho al trabajo, tres áreas de la vida pública articuladas tanto en su carácter de espacios físicos como políticos.

1. Tijuana Metropolitana

Con un flujo migratorio reducido, resultado de políticas internacionales convenidas por ambos países, la zona metropolitana de Tijuana se caracteriza por ser lugar de destino para la migración interna y de tránsito hacia los Estados Unidos. En su inicio conformada por Tijuana y Playas de Rosarito, posteriormente se integra Tecate, y en la actualidad se propone considerar a Ensenada. Esta metrópoli absorbe más del 50 por ciento del total de los habitantes del estado de Baja California (3 769 020) (INEGI, 2020)[1].

En Tijuana, Territorio y Metrópoli (2013), Zavala sostiene que es una zona con alta actividad comercial, servicios enfocados principalmente al turismo, y un área industrial fortalecida, en su dinámica económica presenta déficits de infraestructura, y en tiempos de alta actividad (hoy temporalmente semi-interrumpida):

“muestra alto congestionamiento al transitar por las vías principales y garitas internacionales, causando dificultades en la conectividad vehicular para la exportación/importación de mercancías; ocupa una fuerte demanda de suelo habitacional, equipamiento y servicios básicos. [Características que comprometen] la violencia urbana, concebida como el proceso de urbanización acelerado, que se expresa en expansión urbana caótica, falta de servicios y equipamientos, desempleo, desigualdad social, alta migración, crisis, pérdida de valores tradicionales, etcétera” (Zavala, 2013: 22).

La Encuesta de Seguridad Urbana, declara a Tijuana la metrópoli más peligrosa de México, con 2 mil 208 víctimas de homicidio doloso, aproximadamente seis asesinatos cada 24 horas; siete de cada diez tijuanenses dijeron sentirse inseguros y solo 15 por ciento confió en la capacidad de sus gobernantes de resolver los principales problemas de la ciudad, entre ellos la inseguridad (ENUSC, 2019).

 II. Ciudades libres de violencia, Derecho a la educación y Derecho al trabajo.

Con el objetivo de trazar el espacio físico-político de la metrópoli y los procesos sociales que desencadenan, en este apartado bosquejamos el área urbana en la que se ubica una de las preparatorias, del sistema Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California CECyTE BC, que en el periodo escolar 2020-1, entre los cinco municipios del estado convocaron a 25 mil 310 estudiantes (Secretaría de Educación BC, 2020): el CECyTE Villa del Sol, bachillerato tecnológico^[2] durante el semestre 2017-2, presentó una población de 1 mil 523 estudiantes, 799 en el turno matutino y 724 en el vespertino, cerca de 46 por ciento eran mujeres y 54 por ciento hombres, de 14 a 19 años de edad (Medina, 2019).

a) Juventudes Preparatorianas y Ciudades Libres de Violencia

Identificamos dos componentes emblemáticos en la construcción del espacio, infraestructura urbana impulsada por actores económicos y políticos de la región y nacionales, que con base en políticas públicas a finales del Siglo XX e inicios del Siglo XXI orientaron el desarrollo regional: uno, el Programa Corredor Tijuana-Playas de Rosarito 2000, que propuso ampliar nuevas reservas territoriales y contribuir a las necesidades de la población en materia de suelo y vivienda; y dos, el Programa Habitacional para la construcción y operación comercial de bienes inmuebles, viviendas de bajos ingresos, por desarrolladoras de carácter particular (contratistas), bajo el control y financiamiento del Programa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), cuyo propósito es cumplir la garantía de la Constitución de México de “una vivienda digna y decente para todos”. (HIC, Noticias, 2020)

Ambos inciden en la edificación de mayor o menor arraigo, cohesión social y comunidad, son constructos que definen la formación de ciudad y ciudadanía. El proyecto intermunicipal del Corredor Tijuana-Playas de Rosarito 2000, del Plan de Desarrollo del Instituto Municipal de Planeación (Implan, 2009: 24) (citado por Zavala, 2013), es una vialidad de un total de 42 kilómetros de longitud que abarca: Tijuana con 29 km. y Playas de Rosarito con 13 km., por la que circulan 50 mil vehículos diariamente, de transporte urbano, de carga y los particulares (Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Tijuana, CMIC, 2020).

El proyecto consideró un total de ocho carriles, cuatro centrales y dos laterales, para su inauguración en el 2006 se habían construido los carriles centrales más un puente que conecta con la carretera libre a Tecate. Hasta el día de hoy la obra no se ha concluido, se ha postergado la entrega a los ayuntamientos^[3], como resultado no hay responsables, el Gobierno del Estado no cuenta con los recursos necesarios, y se declara incompetente. Sólo 22 kilómetros tienen servicio de alumbrado, carece de señalización, semaforización, edificación de puentes peatonales y vehiculares, y vigilancia para el control del tráfico. En consecuencia, hoy es una zona de alto riesgo para los habitantes circundantes en cuanto accidentes, atropellos, robos y asaltos.

Esta zona urbano, la conforman amplios fraccionamientos, de casas habitación de 46 y 56 mts2 de área construida^[4], la primera de un piso y la segunda de dos pisos, de paredes compartidas, que se encuentran asentadas en pequeños núcleos llamadas privadas, habitadas por las familias de los estudiantes, quienes mayormente para llegar a la escuela caminan, y aquellos de áreas más retiradas usan el transporte público. Dos días a la semana, en la parte inferior de la preparatoria se asienta un mercado ambulante, provocando congestionamiento de tránsito, obstruyendo las vías de acceso a la escuela y la circulación general a las privadas, además genera abundante deshechos de plástico y basura orgánica. La población transita entre una pavimentación deficiente, poca iluminación, acumulación de basura en banquetas, calles y parques, y cohabita con deficiencias en el sistema de desagüe en temporada de lluvias. Desde el año 2012 la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California (SSPE), la declara zona de atención prioritaria debido a las incidencias delictivas, denuncias anónimas y faltas administrativas. (Seguridad BC, 2012)

En Condiciones socioeconomicas y expectativas de consumo de los alumnos becados de la preparatoria CECyTE Villa del Sol en la ciudad de Tijuana, en el marco de la globalización (2019), se señala que son fraccionamientos para familias de economías cada vez más precarizadas, cuyo ingreso mensual pone en riesgo la continuidad de las y los jóvenes en la escuela.

“El gasto dirigido a la vivienda durante el periodo 2017-2, es un factor de detrimento para la inversión en lo educativo de las y los jóvenes integrantes de las familias. […] el ingreso familiar del 75 por ciento, del total de la población entrevistada (1 mil 468 estudiantes), osciló entre $1,000 a $4,999 pesos mexicanos mensuales, y 69 por ciento de las familias destinaron parte de su ingreso al rubro de la vivienda, por renta o para abonar a su propiedad. [El CECyTE] como estrategia escolar, becó al 15 por ciento del total de la población, es decir 236 estudiantes, entre hombres y mujeres. La beca con mayor porcentaje fue la de permanencia con 32 por ciento en el turno matutino y 20 por ciento en el turno vespertino. En segundo lugar, la beca PROSPERA^[5] con 17 por ciento en el turno matutino y 18 por ciento en el turno vespertino^[6]. (Medina, 2019: 78-113).

En este contexto, desde el 2013 la preparatoria integró el Modelo de Emprendimiento, cuyo objetivo es instruir en conocimiento y habilidades para la formación empresarial, con el propósito de fortalecer la reactivación del sector productivo, a la vez instituir una vía para subsanar las ineficiencias del mercado de trabajo, buscando bienestar social para las juventudes.

b) Juventudes Preparatorianas y Derecho a la Educación

La Carta por los Derechos a la Ciudad acoge que los gobiernos vinculados a instancias públicas y privadas, garanticen la implementación de políticas afirmativas para democratizar el acceso universal a la educación. En México, desde el 2012 la educación básica y la media superior (preparatoria) son obligatorias^[7], sin embargo ésta presenta altos porcentajes de abandono escolar^[8]. Cada año 1.2 millones de niños y jóvenes abandonan la educación obligatoria (6 mil al día), son 700 mil de media superior (cada día aproximadamente 3 mil 500 jóvenes dejan la preparatoria). (INEE, 2019)

En Causas de la deserción escolar de nivel medio superior en Baja California (2011), se concluye que la incidencia en abandono escolar es debido a los bajos ingresos familiares, deficientes apoyos académicos institucionales y alta reprobación, siendo esta última el factor desencadenante de la deserción escolar (López, Velázquez e Ibarra, 2011). Durante el periodo 2017-2, con información de la Coordinación Académica del CECyTE Villa del Sol, la principal causa de disminución en la matricula recayó en los índices de reprobación del alumnado y debido al cambio de un subsistema a otro.

Pese a las políticas para garantizar la inclusión y la equidad educativa en Baja California (Plan Estatal de Desarrollo, 2014-2019), sobre la administración, distribución y asignación de las becas entre la población estudiantil la percepción es que el procedimiento presentó irregularidades^[9].

“Mientras que la calendarización del Programa de Becas marcaba la entrega del recurso cada 2 meses, éste no era depositado a tiempo, podía demorar 3 o 4 meses, sin ser retroactivo. Al momento de aplicar el cuestionario, del total de becarios el 63 por ciento no había recibido la beca (habiendo pasado 3 meses o más de la fecha de entrega), 22 por ciento la recibió dos meses antes de responder el cuestionario y 15 por ciento la recibió el mes de noviembre del 2017. (Medina, 2019: 113-115)

Aun cuando la beca PROSPERA que recibieron los estudiantes tiene como objetivo atender la pobreza, y la beca Permanencia favorece la continuidad escolar, ambas fueron percibidas como recurso para la colaboración con el ingreso familiar: 67 por ciento destinaron toda o gran parte de su beca para apoyar los gastos en el hogar, 33 por ciento en pagar el transporte. El 78 por ciento del total de estudiantes reconoció la necesidad de ser becados (as).

c) Juventudes Preparatorianas y Derecho al trabajo

Para las juventudes preparatorianas trabajar no representa necesariamente una actividad retributiva, el reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, ENDEMS (SEMS, 2012), señala que la jornada laboral es una variable decisiva en el abandono escolar, y que una carga horaria mayor a la media jornada tiene una asociación directa con este fenómeno: los desertores trabajaron más horas por semana que los no desertores (Hernández y Vargas, 2016)^[10].

Sin embargo, el empleo estudiantil se convierte en una esperanza para las juventudes preparatorianas de escasos recursos, les permite obtener un ingreso para el sustento de la familia sin tener que dejar la escuela. Durante el periodo 2017-2 no fue común trabajar, el 81 por ciento del total de estudiantes no trabajaba, y solo 19 por ciento realizó las dos actividades, simultáneamente: con empleos precarios, mayormente eventuales (85 por ciento) y escasos los permanentes (15 por ciento).

En México, una estrategia de apoyo para el trabajo de las y los preparatorianos ha sido el Acuerdo 692, beca para prácticas profesionales DUAL y beca Emprendedores. En el CECyTE solo un estudiante se benefició de la beca DUAL (Medina, 2019). Mientras que en Emprendimiento de la población joven en México. Una perspectiva crítica (2017), se sustenta que la situación ideal del emprendimiento enunciada bajo preceptos teóricos, es refutable ya que en el caso de los jóvenes mexicanos esta actividad emerge como una forma de sobrevivencia, más que una manera de detonar el entorno para los negocios, desarrollar la motivación personal y las capacidades físicas e intelectuales. Por la ubicación geográfica podría aseverarse que la cercanía con Estados Unidos representa una oportunidad para facilitar la creación de negocios; sin embargo, las entidades del norte del país registraron menores porcentajes de jóvenes emprendedores en relación con las zonas centro y sur de la República Mexicana. El reporte presentado por el Observatorio Nacional del Emprendedor (2015) y el informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (2015) otorgan una panorámica interesante: ambos convergen en señalar que en general la corrupción es la limitante principal de la actividad económica, y del emprendimiento en particular (Canales, Román y Ovando, 2017).

CONCLUSIONES

De lo anterior podemos sostener que en la Metrópoli de Tijuana, en el nodo urbano que contiene al CECyTE Villa del Sol y a sus habitantes circundantes, el sector de las juventudes preparatorianas; el modelo económico se presenta hostil, y destina escasas oportunidades para su desarrollo. En la asignación para el libre tránsito sin violencia por el espacio urbano, los componentes de infraestructura esbozados en este documento, no favorecen la creación de cohesión social y comunidad, las viviendas son abandonadas, muchas se convierten en espacios dormitorio (vacíos durante el día) y los pocos espacios planeados como públicos se convierten en zonas de riesgo, quedan en manos de la delincuencia.

Observamos también, que respecto al derecho a una educación pública universal, desde el periodo pre pandemia en las preparatorias se producía un alto nivel de abandono escolar, y los programas de becas dirigidos a integrantes de familias de economías precarizadas, fueron arbitrariamente gestionados. En la actual crisis económica y de salud, debido al confinamiento, las juventudes preparatorianas requerirán con exigencia el acceso al trabajo, que para estos sectores ha sido escaso y precario.

Desde inicios de los 90´s el modelo neoliberal asumido por los gobiernos del estado y de las ciudades comprometidas, han soslayado e ignorado la incuestionable incidencia que tienen sobre los procesos sociales y de poblamiento de las juventudes preparatorianas, la configuración del espacio urbano y el incumplimiento de las políticas y programas de educación para el desarrollo. Situación que en contexto de pandemia por la COVID-19, deteriora el respeto a los Derechos Humanos, la ciudadanía y la cultura de paz.

 

BIBLIOGRAFÍA

Canales García Rosa Azalea, Román Sánchez Yuliana Gabriela, Ovando Aldana Wendy. (2017). Emprendimiento de la población joven en México. Una perspectiva crítica. Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Entre Ciencias, Diálogos en la Sociedad del Conocimiento: vol. 5, núm. 12, 2017. Universidad Nacional Autónoma de México

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4576/457650040001/html/index.html

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California, COPLADE. Actualización Programa Estatal de Población 2015-2019. http://www.copladebc.gob.mx/publicaciones/2019/planesyprogramas/Programa%20Estatal%20Poblacion.pdf.

De la Cruz Flores, Gabriela y Matus Ortega, Diego Ilinich. (2019). “¿Por qué regresé a la escuela?” Abandono y retorno escolar desde la experiencia de jóvenes de educación media superior. Perfiles educativos vol.41 no.165 México.

Foro Social Mundial-Porto Alegre, Enero 2005, Revisión previa a Barcelona, Septiembre 2005. (2012). Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Revista Paz y Conflictos. Número 5, año 2012.

Habitat International Coalition. América Latina. Junio 2020. Noticias. La debacle de la vivienda en México. http://archivo.hic-al.org/noticias.cfm?noticia=2335&id_categoria=8

Hernández Robles, Ana Karina y Vargas Valle, Eunice D. (2016). Condiciones del trabajo estudiantil urbano y abandono escolar en el nivel medio superior en México. Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 31, núm. 3 (93), 2016, pp. 663-696.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. (2019). La Educación Obligatoria en México, Informe 2019.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. (2019). Reprobación, una de las causas de abandono en la Educación Media Superior: INEE. Publicaciones Gaceta. México https://www.inee.edu.mx/reprobacion-una-de-las-causas-de-abandono-en-la-educacion-media-superior-inee/

López Ramírez Evangelina, Velázquez Gálvez José Rosario, Ibarra Guadalupe. (2011).  Causas de la deserción escolar de nivel medio superior en Baja California. Subsecretaría de Educación Media Superior, Superior y Evaluación.  XI Congreso Nacional de Investigación Educativa, 16. Sujetos de la Educación, Ponencia.

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_16/0784.pdf

Marosi Richard, Los Ángeles Times. (2017). La debacle de la vivienda en México. Una visión fallida. Veracruz, México NOV. 26 – 2017.

[1] Las Ciudades del estado de Baja California son seis: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate y San Quintín, este último en febrero del 2020, es constituido como sexto municipio.

[2] Fue creado en 1988 y a veintidós años de su existencia es considerado uno de los bachilleres de mayor demanda en la región. (Medina, 2019)

[3] Hasta el momento, se ofrece entregar a Tijuana 12 Km. reparados del Corredor 2000. (Infobae, 2020)

[4] Los desarrolladores han llegado a reducir el tamaño de las casas, construyendo alrededor de 1 millón de unidades de apenas 30.18 mts2. Muchas familias de seis, siete o más personas viven en mini viviendas, durmiendo en los pasillos, a un lado de la lavadora.  Los precios varían de 15 mil a 35 mil dólares. (Marosi, 2017)

[5] Implementado por la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, el programa PROSPERA tiene el objetivo de fortalecer el cumplimento de las políticas sociales que impulsan la generación de ingresos, la inclusión laboral, la educación, alimentación y salud en personas en situación de pobreza. (Gobierno de la República, 2017; Medina, 2019)

[6] En el CECyTE ciclo 2017-2, según el tipo de beca los becados se distribuyeron en 5 categorías: por Ingreso, por Reinserción, Excelencia, Permanencia y Prospera. (Medina, 2019)

[7] En el 2012 se firmó el decreto por el cual se eleva a rango constitucional la obligatoriedad de la Educación Media Superior, el Artículo 3 de la Constitución refiere que todo individuo tiene derecho a recibir educación. “El Estado mexicano, integrado por Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria (educación básica) y media superior (la que se agregó)”. (UNO, mx.unoi.com 2012/02/08)

[8] No es nuestro objetivo entrar en la discusión conceptual del término abandono y/o deserción escolar, se hace referencia a la no continuidad en un ciclo escolar por parte del estudiante. Observamos que en México, los documentos estadísticos institucionales utilizan el término abandono escolar, mientras que los documentos académicos en su mayoría utilizan, deserción escolar.

[9] “En el gobierno del expresidente Felipe Calderón, el trámite para recibir una beca se realizaba una vez, y al ser seleccionado, el recurso económico se extendía, desde el momento de recibirla hasta terminar la preparatoria. En el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, los jóvenes  solo podían estar becados por el lapso de un año. Si requerían la beca, al año debían realizar nuevamente el procedimiento de asignación”. (Medina, 2019: 123)

[10] Sostiene que las categorías de mayor incidencia en el abandono escolar son: el salario, la jornada laboral y el sector de actividad.

*Fabiola Teresa Vargas Valencia

Doctora en Ciencias Sociales, Profesora e Investigadora independiente.

fabiolav_m@hotmail.com

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Columnista invitado