Por Carmen Contreras*
Los instrumentos para la planeación del desarrollo urbano en México son neutros y ciegos al género. Esto tiene como consecuencia la exclusión de las mujeres en los procesos de participación que definen el uso social del espacio público.
La planeación se rige bajo normativas basadas en la zonificación de usos de suelo que no reflejan la complejidad de las relaciones sociales en donde las desigualdades de género son significativas.
Por ejemplo, a pesar de que la Constitución de la Ciudad de México recupera, por un lado, el concepto “Derecho a la Ciudad” y, en este, las obligaciones hacia los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y, por otro, la Igualdad Sustantiva como principio y eje transversal de las políticas públicas; esto no se ve reflejado en los marcos normativos en materia de Desarrollo Urbano, Movilidad y Medio Ambiente y sobre las normas particulares para potenciar la construcción de viviendas, equipamientos y disposición de servicios e infraestructura.
La perspectiva feminista y de género han producido de manera reciente una vasta literatura crítica sobre el “Derecho a la Ciudad” que en la tradición clásica del Urbanismo excluyó a las mujeres como sujeto histórico en las ciudades.
Esta crítica más las experiencias de organización social y política de las mujeres a finales del siglo XX en las ciudades latinoamericanas, dieron origen a la idea del “Derecho de las Mujeres a la Ciudad”. En el caso de la Ciudad de México, esta idea fue adoptada recientemente a partir de:
- Las discusiones para la formulación de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y su equivalente en lo local.
- La Carta de las Mujeres por el Derecho a la Ciudad.
- La participación política y social de las mujeres en los movimientos urbanos populares posteriores al sismo de 1985 y las estrategias familiares de supervivencia en los años noventa.
La recuperación de las experiencias de las mujeres al habitar el territorio, gestionar servicios, desempeñar tareas de cuidado, trabajar en la informalidad y, con la pandemia, triplicar el tiempo de trabajo doméstico y formal, es parte de una nueva forma de ver las ciudades como fenómeno social y político.
Aquí recordamos la contribución de la Geografía Feminista que desarrolló a principios de este siglo la crítica hacia los conceptos universalizantes que consideraron a los hombres como centro del Derecho a la Ciudad y las aportaciones de la Economía Feminista al estudio de las ciudades desde el reconocimiento del trabajo no pagado en los hogares asumido por la sociedad como una actividad que “corresponde” a las mujeres. La Economía Feminista también ha señalado que hay dos tipos de dependencia que tenemos en la vida citadina:
- La dependencia hacia otras personas. Somos gregarios y esto implica que en las ciudades hay necesidades e intereses muy heterogéneos a lo largo de un ciclo de vida (infancia, adolescencia, vida productiva, vida reproductiva y envejecimiento). Para vivir estas etapas requerimos servicios e infraestructuras de calidad y accesibles.
- La dependencia hacia los recursos naturales que son finitos, o bien, que deben ser renovados constantemente: el agua, el suelo, la energía, el aire, los bosques, los arbolados, etc.
En estas dos dependencias, a las mujeres se nos ha asignado el rol de cuidadoras en el ciclo de vida de las personas y de gestoras de los recursos naturales. Es un trabajo “invisible” que no forma parte de las cuentas de las haciendas públicas y tampoco se considera en la planeación urbana en el momento de decidir en qué infraestructuras y servicios invertir, cómo deben ser las normas para acceder al suelo y construir vivienda, equipamientos y distribuir los beneficios del desarrollo inmobiliario de una manera más justa, de acuerdo a las características de los territorios.
La perspectiva feminista y de género nos revelan la forma en la que la división sexual del trabajo produce una asignación de los cuidados a las mujeres, que implica también una separación de lo público “para el hombre en la polis” y lo privado “para la mujer en casa”.
Esta separación de lo público y lo privado, sigue siendo determinante en la planeación de las ciudades, fragmentándolas en zonas residenciales, industriales, de conservación ecológica, de servicios financieros y en donde la mezcla de usos y vocaciones no está contemplada, ni existen como prioridad los servicios e infraestructuras de cuidado tales como las estancias infantiles, los centros comunitarios de salud, los transportes para viajes cortos al interior de los barrios, los espacios para lactancia materna, los refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica, los albergues para personas sin hogar, los centros de acopio de materiales de reuso, los huertos urbanos, los comedores comunitarios, las casas de asilo para personas adultas mayores. Es imprescindible entonces, pensar en otra ciudad.
Texto y fotografía: Carmen Contreras
Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
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Columnista invitado
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