Reconocen a desarrolladores por Código de Ética

El documento plantea denunciar la extorsión y a los DRO que incumplan con sus atribuciones

El gobierno de la Ciudad de México destacó el ‘Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda’ como uno de los acuerdos más importantes logrados durante al año pasado, documento que firmaron la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), en el que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, fue testigo de honor.

El acurdo se firmó el 27 de junio, con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana y evitar accidentes. La Secretaría de Gobierno planteó que este código es un reconocimiento a la labor de los vecinos organizados para visibilizar la problemática de desarrollo urbano y plantear alternativas.

“Los objetivos son abonar a un acuerdo de buenas prácticas y respeto a la normatividad urbana, que sirva como compromiso para el cumplimiento de la ley y lograr una actuación basada en principios comunes por parte de los desarrolladores inmobiliarios”, explicó la administración local.

Los lineamientos que se plantean son principios de diálogo; cumplimiento de la ley, normatividad y obligaciones, como prácticas de negocio lícitas y trasparentes, denunciar la extorsión y a los Directores Responsables de Obra que incumplan con sus atribuciones y respetar usos de suelo.

Además de fomentar la comunidad armónica a través del diálogo abierto con la población, mantener imagen urbana y condiciones de movilidad, y cumplir con medidas de mitigación; cuidado del medio ambiente y con condiciones dignas de empleo, financiamiento responsable y vivienda de calidad.

“El gobierno de la Ciudad de México reitera que los únicos intereses que protege son los derechos de los ciudadanos, así como evitar accidentes y escenarios de riesgo tanto para quienes trabajan en las obras, como de quienes habitan alrededor de las construcciones, y quienes transitan y visitan la ciudad”.

Demoliciones de pisos excedentes

El gobierno local explicó que los trabajos para demoler los pisos que se construyeron de más son resultado de un esfuerzo interinstitucional en el que participan las secretarías de Gobierno, Desarrollo Urbano, y Obras y Servicios, además de la Contraloría General, el Instituto de Verificación Administrativa y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, así como las delegaciones.

A partir de esto, se inició la revisión de construcciones para identificar obras que ameritan sanción de demolición.

En 2017 se efectuaron demoliciones de niveles excedentes en seis obras en las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, además de cuatro llevadas a cabo por iniciativa del propio particular.

El 2 de junio se efectuó la demolición de dos niveles en la edificación ubicada en Coyoacán; el 22 de junio se inició también con dos niveles en el inmueble localizado en Azcapotzalco. Este caso es la primera vez que se logra una demolición amparada en una denuncia penal en la capital.

El 30 de junio, un nivel en la construcción en la delegación Álvaro Obregón; el 6 de julio, cuatro pisos en el inmueble ubicado en Venustiano Carranza y el 13 de julio, dos pisos en una edificación situada en la delegación Cuauhtémoc.

El 4 de agosto, 3 niveles en la construcción en Coyoacán. En este predio ya se ofertaban departamentos en más de 5 millones de pesos.
Adicionalmente, en los cuatro casos, en los que los constructores decidieron demoler ellos mismos, éstos se ubican de la siguiente forma: dos en la demarcación Miguel Hidalgo, una más en Cuauhtémoc y la cuarta en Álvaro Obregón.

“Se realizaron más de 20 mesas de trabajo interinstitucionales para la implementación de acciones que hacen frente a las construcciones inmobiliarias irregulares, además de realizar más de 30 procedimientos administrativos de verificación, los cuales resultaron viables para su intervención.

“Como parte de esta tarea, el gobierno capitalino llamó a los desarrolladores inmobiliarios a edificar conforme a la ley y en su caso, demoler voluntariamente”.

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Diego Rodríguez