Por Carmen Contreras.*
El concepto de seguridad ciudadana asentado en la Constitución de la Ciudad de México costó muchos años de deliberación pública y movilización social. Varios episodios antecedieron a una formulación colectiva del Derecho a la Ciudad y en ella, el derecho a una vida digna con un control de la violencia enfocado en la prevención y en la legalidad.
Algunos de estos episodios ocurrieron después de la reforma política del antiguo Departamento del Distrito Federal en 1993: En el último sexenio en el que existió una regencia, es decir, un Jefe del Departamento del Distrito Federal designado por el Presidente, los abusos de poder de la policía local llegaron a la cúspide de la tragedia con la desaparición y asesinato de jóvenes en la colonia Buenos Aires a manos de cuerpos especiales de seguridad llamados “jaguares”. La intervención de elementos de la tercera brigada militar en la policía para conformar el grupo Fuerza de Acción Inmediata (FAI) terminó con 20 policías consignados por los delitos de abuso de autoridad y homicidio calificado en septiembre de 1997.
La historia del crimen organizado y la violencia en la Ciudad de México nos ha dado estas experiencias negativas que no se deben repetir. La intervención militar no atacó el poder de la delincuencia organizada y solo se fue contra los jóvenes. Los operativos de revisión de pertenencias en los microbuses fue motivo de extorsiones y fue escalando hasta llegar a los sucesos de la colonia Buenos Aires. A partir de entonces el enfoque de la seguridad desde la sociedad civil se centró en la garantía de los Derechos Humanos.
Como capital, sede los poderes de la Nación y primera ciudad en aportación al PIB nacional, pasamos por otros sexenios que se vieron tentados a poner militares en las calles bajo diversos nombres con el pretexto del incremento del poder de la delincuencia que tradicionalmente actúa de manera visible en el interior de la República y articula crímenes de cuello blanco en la Ciudad de México. No obstante, la presencia de la policía federal preventiva durante la administración de Felipe Calderón en la Ciudad de México fue de bajo perfil y acotada a las delegaciones centrales. La sana distancia entre el Gobierno de la CDMX y la Federación era un límite para el uso excesivo de la fuerza pública y moderó la presencia militar en la calle.
Con su Congreso y poderes locales, la Ciudad de México mantiene el espacio de deliberación de la políticas públicas en materia de seguridad de acuerdo a las características particulares de sus alcaldías. Hoy existe la posibilidad de que los gobiernos locales tengan el pulso vecinal para saber cómo prevenir la delincuencia y en dónde invertir sus limitados recursos. Aunque el o la titular de la Secretaría de Seguridad del gobierno central tenga que recibir el respaldo del Presidente, al menos la representación ciudadana en lo local sigue pesando en las decisiones sobre la seguridad y ahora constituye uno de los frenos a la militarización que no debe regresar para no repetir los hechos lamentables de la última regencia.
La Ciudad de México se ha caracterizado, -como ocurre en la mayoría de las ciudades globales-, por sus tendencias democráticas. Estas apuntan hacia el concepto de seguridad ciudadana. ¿En qué es diferente a la militarización? En que la intervención militar existe para establecer el orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado sobre la persona. En cambio, en la seguridad ciudadana el centro de las decisiones públicas es la persona, sus derechos y la ciudad como espacio de oportunidades y movilidad social. La base de la seguridad ciudadana es la cultura de la legalidad, es decir, el respeto a la norma por convicción de sus beneficios colectivos y no por temor al poder represor del Estado.
El concepto de seguridad ciudadana es efectivo para enfrentar los problemas de criminalidad y violencia. Ocurrió así en la Ciudad de México con la creación de la policía de proximidad o de barrio, la cual poco a poco se fue olvidando entre las políticas de “austeridad” y el derrumbe del servicio profesional de carrera. Las políticas públicas de prevención del delito desde el trabajo comunitario en colonias focalizadas también se sustituyó por repartición discrecional de dinero público que no sabemos si sirve para alejar a las y los jóvenes de la delincuencia.
La preocupación de la ciudadanía sobre la presencia de la Guardia Nacional en el Metro va más allá de la narrativa del sabotaje a este sistema de transporte. Implica un agravio a la democratización de la ciudad y un retroceso del concepto de seguridad ciudadana hacia uno que abusa de las personas, principalmente las más vulnerables, como es una mujer que accidentalmente tira una pieza de refacción de su lavadora en las vías del tren y es criminalizada.
Texto y fotografía: Carmen Contreras @Utopia_Urbana
*Carmen Contreras
Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
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Columnista invitado
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