Por Carmen Contreras.*
Hay espacios vacíos en la construcción del Programa de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de México (POT CDMX). Esto se debe a que no se ha seguido la ruta metodológica de una planeación participativa concertada entre actores políticos y expertos.
Quiero hablar de los espacios vacíos que hay entre el “Derecho a la Ciudad”, los buenos deseos y la doctrina plasmada en la Constitución local. El “Derecho a la Ciudad” entendido como las ideas colectivas, dinámicas y cambiantes sobre la metrópolis que queremos frente a realidades como la pandemia, la escasez de vivienda asequible, el agotamiento de los recursos hídricos, el debilitamiento de la gestión pública y la violencia, en algún punto tiene que encontrarse con estrategias, objetivos, mediciones y todo aquello que la experiencia técnica acumulada nos ha enseñado sobre la Ciudad de México.
¿Cómo materializar las ideas de una ciudad incluyente recolectadas en los procesos de consulta para el POT CDMX? ¿Cuánto tiempo nos queda para prevenir los desastres ambientales por un desarrollo urbano improvisado para la rentabilidad política y financiera? ¿Con qué medios y recursos contamos desde hoy hacia los próximos 30 años?
En estos espacios vacíos en el proceso de consulta del POT CDMX hay temas que “flotan” sin llegar a afianzarse en programas, proyectos y políticas públicas. Es decir, están en proceso de reconocerse como problema público. Uno de estos temas es la crisis de los cuidados en la Ciudad de México.
La crisis de los cuidados implica pensar, por ejemplo, en la tasa de envejecimiento, la más alta del país, con 90 adultos mayores por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años (INEGI, 2021). Pensemos también en la capital donde la mitad de la población ocupada no cuenta con acceso a servicios médicos como prestación laboral y “en caso de no recibir atención en una institución pública tendrían que hacer uso de su ingreso o ahorro para cubrir los gastos derivados de alguna enfermedad”. (CONEVAL, 2020). Por último, pensemos en espacios disponibles para la educación, la salud, la recreación de niños y jóvenes concentrados en cinco alcaldías.
La consulta para el POT CDMX podría servir para incrustar en la agenda de políticas públicas los cuidados como tema prioritario. ¿Cómo? Con ejes de trabajo para los gobiernos locales (alcaldías), el gobierno central de la CDMX, los agentes privados y las personas como usted y como yo en nuestras colonias y barrios. Aquí les cuento tres ideas que estoy trabajando para participar en la consulta pública:
1- Un sistema de información sobre los equipamientos de salud, educación, recreación y movilidad con datos proporcionados por la ciudadanía para conocer los perfiles de las personas que cuidan y que son cuidadas, así como el uso que le dan a los equipamientos y servicios disponibles. Actualmente el gobierno de la Ciudad de México tiene una tipología rígida y estática de grupos poblacionales prioritarios en el “Derecho al Cuidado”, pero estos grupos son considerados como “beneficiarios de programas sociales” ya existentes y no como usuarios y usuarias de equipamientos, infraestructuras y servicios, -incluyendo el transporte público-, en distintas etapas de su vida, en escalas y en centralidades urbanas que cambian con el tiempo, por ejemplo, durante “la hora pico” del Metro.
2- La información de este sistema y el conocimiento más detallado (estadístico y testimonial) de las personas que usan y necesitan servicios para cuidar y ser cuidadas en la CDMX permite dar el siguiente paso que es cambiar la lista básica que tienen los gobiernos (alcaldías, SEDUVI y SEDEMA), para clasificar lo que ellos llaman “infraestructura social”. Este concepto forma parte desde hace 20 años de los Estudios de Impacto Urbano e Impacto Ambiental necesarios para que un actor público o privado obtenga autorización para construir sus grandes proyectos con efectos en las colonias y barrios que pocas veces son cuantificados. Los elementos de la “infraestructura social” son, -en una mejor definición-, “Infraestructuras, equipamientos y servicios para los cuidados”.
3- Nombrar a las “Infraestructuras, equipamientos y servicios para los cuidados” nos conduce a una clasificación que puede incluirse en las medidas de integración urbana (modificaciones en el entorno) de los grandes proyectos de construcción (más de 10,000 m2) con la finalidad de que una parte de la inversión en estas medidas se destine a desarrollar “Infraestructuras, equipamientos y servicios para los cuidados” en alcaldías en donde su cobertura es menor de acuerdo a la información proporcionada por el sistema que menciono en el punto 1. La tarea gubernamental en este caso se resume en transparencia y vigilancia en la aplicación de recursos para una mejor distribución de los beneficios del desarrollo inmobiliario. El objetivo es “desconcentrar” las inversiones público-privadas en las alcaldías de siempre para voltear a ver a las alcaldías que requieren mayor atención.
*Directora de Perspectiva de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
@Utopia_Urbana
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Columnista invitado
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