Por Carmen Contreras*
Las mujeres representamos más del 50 por ciento de la población mundial que vive en ciudades. Hace 17 años, en el 2004, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) redactó la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”, cuyo objetivo fue construir ciudades democráticas, incluyentes, educadoras, sustentables, habitables, productivas y seguras.
Las discusiones políticas, ciudadanas y académicas hicieron evolucionar ese planteamiento hasta llegar a la Agenda 2030 que incluye en sus Objetivo para el Desarrollo Sostenible la “Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer” (Objetivo 5). Nos faltan 9 años para saber si hemos llegado a sus metas. Sabremos qué tanto se avanzó y nuevamente la perspectiva de género nos permitirá hacer evaluaciones más completas, que nos incluyan a nosotras. Entre los aspectos a evaluar veremos qué tanto se ha hecho para combatir la violencia contra las mujeres en la movilidad urbana y el espacio público.
A veces olvidamos que la movilidad y el espacio público tienen varias dimensiones: Implican prácticas sociales de desplazamiento y habitar en el territorio, prácticas cotidianas de las personas que involucran sus bienes, a sus seres queridos y a su propia integridad. A su vez, estas prácticas están articuladas a todo lo que promueve el desarrollo económico, político, cultural, ambiental.
Cuando dejamos en el olvido su dimensión social, la movilidad y el espacio público se ven como un conglomerado de necesidades emergentes en donde hay que limitarse a construir o remozar infraestructuras con el discurso de “llevar caminos a quienes no tienen”, o a dispersar recursos sin ponernos a pensar si estamos reproduciendo las mismas desigualdades que decimos combatir. Ese conglomerado de buenos propósitos sin rumbo llega a ser muy pesado para cargar por parte de cualquier gobierno cuando hablamos de finanzas públicas o de los escasos resultados para frenar la violencia.
Como herramienta en la formulación de políticas públicas, la perspectiva de género nos sirve para ver con mejor nitidez las desigualdades urbanas. Ayuda a observar que las relaciones entre mujeres y hombres no son naturales sino construcciones políticas, culturales y organizativas que representan, simbolizan y significan las relaciones asimétricas, como sucede con el “mandato social” de los cuidados asignado a las mujeres, el cual implica, por ejemplo, que nosotras gastemos más tiempo y dinero en pasajes para desplazarnos por la ciudad y seamos objeto de violencia sexual en el transporte público.
Esta perspectiva también analiza la manera en que la identidad de las personas y las relaciones que se establecen entre ellas están marcadas por significados culturales de dominio – sumisión. Nos permite ver cómo crecen los prejuicios, o dicho de manera académica, cómo surgen significados, representaciones y normas que dan sentido y contenido a la feminidad, la masculinidad y la heterosexualidad como únicos modelos que orientan el comportamiento y relaciones de mujeres y hombres.
En ese sentido, la perspectiva de género nos auxilia no solo en la comprensión de lo que nos pasa a las mujeres como sujeto político. También nos muestra cómo se da la discriminación de las personas LGBTI + en el espacio público, cómo se les niega su derecho a caminar tranquilas, a demostrarse afecto en las plazas, a abordar el Metro sin ser agredidas por policías u otros usuarios, a ser atendidos con calidez en los servicios de salud, en suma, a vivir una vida libre de violencia en la ciudad como expresión máxima de la diversidad.
Erradicar la violencia de género es una aspiración de toda ciudad. Específicamente los datos de la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares sobre «Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario y familiar» nos deberían conmocionar para idear ciudades diferentes a lo que tenemos hoy. Ciudades en donde 8 de cada 10 mujeres de 15 años y más han padecido violencia en los espacios públicos. En donde cuatro de cada diez mujeres sufren hostigamiento, acoso, ofensas y abuso sexual en el ámbito comunitario (calle, mercado, transporte, cine, iglesia, tienda, hospital, etcétera).
El Objetivo 5 del Desarrollo Sostenible define la responsabilidad gubernamental en cada país de afrontar la violencia de género, ahora más grave por permanecer oculta en el confinamiento de la pandemia. Para que la violencia de género se vuelva un problema urbano público debe ser reconocido como tal y debe existir consenso sobre la necesidad de intervenir en él. Por ello es tan importante incluir la perspectiva de género en espacios de debate y reflexión como el Foro Urbano Zapopan que en este momento está realizándose con el esfuerzo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario Tlajomulco y Centro Urbano.
Este tipo de espacios de diálogo entre academia, iniciativa privada, organizaciones sociales, organismos de cooperación internacional y profesionistas independientes ayudan a la definición de problemáticas aprovechando la experiencia de diversos actores y distintas disciplinas. Elevan las palabras a la acción concertada y en un tiempo que parece adverso esto se llama “aliento”. Que haya un foro que ponga énfasis en el Objetivo 5 para el Desarrollo Sostenible es proponer una Nueva Agenda Urbana en la cual nosotras jugamos un papel protagónico.
*Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
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Fernanda Hernández
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