Consulta del Tren Maya busca beneficiar a implicados en su desarrollo

La consulta contó con la participación de 4,200 personas y autoridades comunitarias de 4,112 comunidades indígenas de los 5 estados del sur-sureste

En días pasados terminó la fase informativa del Proceso de Consulta Indígena sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya que busca dotar de certeza y respaldo ciudadano a la construcción de la obra ferroviaria.

En la consulta se contó con la participación de 4,200 personas y autoridades comunitarias, municipales, ejidales y comunales. Esto se distribuyó en 15 asambleas regionales de 4,112 comunidades indígenas, a lo largo de los 5 estados del sur-sureste mexicano.

En las reuniones hubo un gran intercambio de opiniones y generación de acuerdos encaminados a conocer y dimensionar el impacto de la magna obra. Se busca que los beneficios del proyecto se distribuyan de manera equitativa entre todos los miembros de la sociedad.

Exponen beneficios

Los beneficios expuestos se enmarcan en tres grandes rubros:

Socioeconómicos	Culturales	Ambientales
* Conectividad de la región con el resto del país a través de puertos y aeropuertos.   * Generación de empleos para la población local.   * Oportunidades comerciales y turísticas para las comunidades.	* Visibilizar la identidad regional   * Reconocer y difundir la cultura de los pueblos   * Promover actividades turísticas que fortalezcan la economía regional.	* Conservación de la riqueza biocultural   * Resguardo y preservación de zonas arqueológicas   * Acciones de protección y restauración de las selvas   * Conservación de suelos y aguas   * Pasos para fauna silvestre y atención a problemáticas ambientales causadas por actividades económicas y obras de infraestructura mal planeadas.

El ejercicio de consulta seguirá su curso los próximos días (14-15 de diciembre) en su fase de desahogo, en la etapa consultiva.

El procedimiento fue encabezado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como instancia responsable; la Secretaría de Gobernación (Segob), como órgano garante; y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), como órgano técnico.

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Antonio García